Tenemos derecho a una mayor calidad de internet

Tras más de un año de tramitación de la Carta de Derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones el resultado es decepcionante, sobre todo en lo que se refiere a la calidad y la garantía de velocidad. Parece como si la normativa se hubiera construido para cubrir la situación de menor calidad y velocidad, ya endémica en España.

¿No hay derecho a un internet mejor y de mayor calidad? ¿No hay derecho a que la banda ancha lo sea de verdad? ¿No hay derecho a que se exija el cumplimiento de la velocidad contratada? ¿Por qué esa marcha atrás, esa rebaja en las intenciones iniciales del Ministerio de Industria y del Gobierno?

Los usuarios tenemos que reclamar unas mejores conexiones en términos de calidad y precio, algo en lo que realmente tenemos la posición de furgón de cola. De hecho, cuando se publican las velocidades medias por países de la Unión Europea, la de España no es precisamente presentable, dado que, incluso, nuestro vecino Portugal, cuenta con unas líneas de mucha mayor velocidad.

Por eso, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo de la competencia y las alternativas al ADSL como el cable modem (somos el país de Europa con una mayor penetración de estas tecnologías), son quizá los únicos elementos que contribuyen a la mejora de esta situación de menor velocidad y calidad en nuestras conexiones. Por ello y gracias a que tenemos la alternativa tecnológica de las operadoras de cable podemos escalar algo en las velocidades que se ofrecen en España. De hecho, ya se están probando velocidades comerciales más altas, además de que la apuesta por mayores velocidades parece que se va a ralentizar mucho menos que en el caso del FTTH. Claramente, las operadoras españolas de cable (ONO, R, Telecable y Euskaltel) se están apuntando con mucha mayor convicción al desarrollo de mayores velocidades, a la ampliación de sus conexiones actuales y, al mismo tiempo, de forma real, es decir, con mayores niveles de garantía de la velocidad, según acreditan los datos oficiales.

Decisiones como que el despliegue de la fibra óptica no sea comerciable en régimen de reventa como el ADSL, es decir que cada operador tenga que generar su red propia de fibra óptica o llegar acuerdos, tampoco es una buena noticia para contar con mayores velocidades y mayor competencia y anuncia una tendencia de clara condescendencia con los postulados de Telefónica (si no hay exclusivdad, no hay inversión), cuyos resultados y tesorería se han hecho, gracias a vender a precio de oro el acceso a internet, a base de exprimir el par de cobre y dificultar la actuación a sus competidores. ¿No sería más razonable que las redes pudieran ser directamente compartidas y rentabilizadas, de forma que se pudieran desplegar de forma complementaria?

Y, finalmente, ideas como poner un nuevo canon Zapatero no son buenas para esto y no se resuelven con una Carta de Derechos descafeinada y publicada paradójicamente unos días más tarde de que se haya presentado el nuevo modelo de financiación de TVE, pensado para la financiación de las televisiones privadas, pero que paga el usuario de telecomunicaciones, es decir de internet.