La SGAE crea un cuerpo de “policía cultural” a comisión para mantener sus arcas repletas

La entidad que gestiona los derechos de autor, la archiconocida SGAE, anunciaba hace unos días que iba a pasar a la acción para defender el cierre de las páginas de descarga, para lo que confeccionó una lista con más de 200 portales de Internet que ofertan cine, música, vídeo y videojuegos de forma “fraudulenta”.

Y mientras espera respuesta por parte del Gobierno Zapatero, la sociedad que dirige Teddy Bautista ha decidido crear una red de unos 200 inspectores que, a base de comisión, recaudarán el dinero suficiente para mantener el patrimonio de la SGAE y a todos aquellos que secundan sus “brillantes” ideas.

Según publicaba El Economista, “ayuntamientos, grupos de teatro, bares, restaurantes, cafeterías, empresas de autobuses, peluquerías y todo aquel que ponga música en un local público” tendrán que pasar por caja y abonar religiosamente una cuota mensual por disfrutar del hilo musical mientras les cortan el pelo o se toman una caña con los amigos, puesto que se está haciendo “un uso público de la música”.

Esta medida pretende evitar que sus ingresos no disminuyan más. En 2008 se recaudaron 334 millones de euros, frente a los 377 millones de 2007. Un 11,5 por ciento, que la SGAE no está dispuesta a volver a perder. De ahí, la idea de crear la figura del “policía cultural” que viaja por cada negocio de cada pueblo y ciudad de España.

Y no es para menos, puesto que si uno de estos “cobradores del frac de la cultura” se lo monta bien puede cobrar hasta 4.000 euros al mes, que ya lo quisieramos muchos en nómina.

En fin, si se queda en paro y quiere ganar dinero a expuertas; si es resolutivo, firme de carácter y no tiene escrúpulos, ya sabe, llame a la puerta de la SGAE. Ellos le facilitan un traje a medida y un maletín donde podrá custiodar su “legal” patrimonio con acciones tan “legales” como cobrar por poner la radio en sitios públicos. Así tendrá el sueldo asegurado.

Sólo había que preguntarse, si no son estos lugares públicos los que deberían cobrar por dar a conocer las obras de estos artistas que tanto reclaman sus derechos. Al fin y al cabo, si cada taller, cada peluquería, bar o restaurante decidiera apagar sus aparatos de música, probablemente los artistas y aquellos que los defienden se tragarían el orgullo de exigir tanto.