El presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), Teddy Bautista, ha calificado de “inteligente” la conocida Ley Sinde, que cerrará páginas web en cuatro días sin orden judicial de por medio, aunque duda de si se trata de una “solución buena”.

En una entrevista concedida a Iñaki Gabilondo en el programa “Hoy” de la CNN, Bautista ha definido la Ley de Economía sostenible como una solución “equidistante” a las que se han adoptado en el resto de países del entorno de España.

“Unos países han garantizado una intervención administrativa pura y dura para el cierre de webs (como es el caso de Francia y Reino Unido), mientras que otros mantienen cierta distancia; en el caso de la del Ministerio de Cultura, la solución es inteligente, pero no sé si es buena“.

No obstante, admite que “España no puede mantener la situación actual donde no hay unas reglas de juego, donde se produce un vacío legal que tiene que regular el legislador” y espera que la ley sea “provisional”, aunque “deberá obtener resultados”.

Por otro lado, el presidente de la SGAE ha apoyado la propuesta del presidente de Telefónica, César Alierta, de cobrar a los buscadores como Google por el uso de la red.

“Nadie duda de que el que construye una autopista está pensando en cobrar un peaje; igual ocurre con las autopistas de la información que hay que construirlas y mantenerlas porque cada día el tráfico es más intenso y necesita más ancho de banda“.

El Consejo de Estado ha recomendado al Gobierno que tome medidas para fomentar “la transparencia de las entidades de gestión de derechos de autor“, así como un sistema nuevo para el canon digital, que no presuponga que cada soporte grabable va a ser usado para copiar material protegido.

Ambas recomendaciones están recogidas en el dictamen emitido el pasado 18 de marzo por el Consejo de Estado sobre el proyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES), y que el Consejo de Ministros aprobó un día después en Sevilla, sin modificar ni un ápice la disposición final primera que incluye las medidas contra las descargas en Internet.

El informe de dicho organismo sostiene que, “como reflexión al hilo de la propuesta examinada, no se le ocultan al Consejo de Estado las dificultades derivadas de la relación entre Internet y los derechos de autor, que aconsejan un tratamiento lo más global posible“.

En otras palabras, lo que se propone es definir de una manera más clara los supuestos en los que se bloqueará una página web o se ordenará la retirada de contenidos de la misma, supuestos que “han de ser de una gravedad manifiesta”, afirma el Consejo de Estado. De hecho, según la actual redacción del proyecto de la LES, esas medidas podrán ser adoptadas contra “un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto” o contra “quien pretenda causar un daño patrimonial”.

“Medidas encaminadas a la transparencia de las entidades de gestión de los derechos de autor o a la exigencia de compensaciones equitativas por copias privadas no basadas en la presunción de que un soporte grabable se adquiere para copiar material registrado contribuirían a crear un marco más favorable a la tarea de preservación de la propiedad intelectual que se persigue”.

Además, el Consejo de Estado recomienda una concreción sobre la función de la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo dependiente del Ministerio de Cultura que recibirá y tramitará las denuncias por vulneración de derechos de autor. Por último, el organismo apoya que sea la Audiencia Nacional el órgano judicial competente para decidir sobre el cierre o bloqueo de páginas web con contenidos que vulneren los derechos de autor y solicita que se fomenten las “descargas lícitas de contenidos protegidos”.

Casi dos meses después de conocer los nominados a los Fiasco Awards, la organización ya ha dado a conocer al vencedor de esta edición: el iPad, la apuesta tecnológica de la compañía de Steve Jobs para 2010, ha recibido más de la mitad de los votos de los participantes.

Estos premios están organizados por un grupo de personas relacionado con el sector de las nuevas tecnologías cuyo objetivo es el de reconocer la trayectoria de “los mejores proyectos” del sector que no hayan resultado “exitosos”.

En esta edición, 7.000 personas votaron a través de la web ‘www.fiascoawards.com’ y de ellas, un total de 4.325 consideraron que el galardón debía ir a parar al producto de Apple. En su candidatura, la organización destacaba que el iPad cuenta con “significativas carencias” como la incompatibilidad con contenidos Flash y con otras aplicaciones, o la falta de puerto USB y otras interfaces.

Tal y como reconocen los organizadores, el premio de este año ha ido a parar a un producto que no está todavía en el mercado, pero entiende que en las bases del concurso “no consta ninguna condición” que impida esta candidatura.

“De todos modos, si dentro de un año la respuesta del mercado no hace del iPad el pronosticado fiasco, la organización se compromete a presentar a la edición 2010 de los Fiasco Awards como finalista a recibir el mismo galardón el próximo año”, ironiza la organización.

Las candidaturas finalistas de este año, además del ganador, fueron la plataforma de networking Xing, la aplicación multitarea Google Wave, la videollamada, el estándar para el DVD de alta definición HD-DVD, los sistemas anticopia Digital Rights Management (DRM), la TDT interactiva y la consola PSP GO! de Sony.

El acto –en el que se llegó a bromear sobre la posibilidad de que Steve Jobs acudiera a recoger el premio– contó con la participación del presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, quien se mostró un ‘fan’ de los productos de Apple.

“Yo adoro cualquier cosa de la ‘manzanita’, pero todavía no he podido comprarlo. En cuanto tenga el dinero, lo probaré y veré si sirve para algo”, bromeó durante su intervención el presidente de la AI.

“Si eres legal eres legal”:El peor anuncio del año

Durante su intervención, en un tono más serio, se refirió a la campaña del Ministerio de Cultura “Si eres legal eres legal”, cómo el peor anuncio del año e invitó a los presentes que en estos momentos tenian la oportunidad de demostrarlo votándolo en el sitio web de Facua.

Fuente: Asociación de Internautas

“La Lista de Sinde” nació el pasado mes de diciembre en forma de campaña protesta contra la intención del Ejecutivo español de crear una comisión “censora” en el Ministerio de Cultura con la potestad suficiente para cerrar y bloquear páginas web sin las garantías de un juicio previo.

No obstante, desde esta plataforma defienden que la justicia siempre les ha dado la razón y critican que el Gobierno quiera eliminar este trámite burocrático e implantar el cierre sistemático de webs y blogs que permiten el intercambio de archivos protegidos por los derechos de autor.

Por tanto, el objetivo de esta campaña se basa en recoger un listado de las páginas web que se han “autoinculpando” de intercambiar cultura libremente mediante la integración de un buscador de descargas. De este modo, los internautas vuelven a dar la cara para defender los derechos fundamentales y libertades de compartir una cultura libre.

De hecho, el 77% de los adscritos en esta lista son autores, el 75% usan licencias libres y un 0% recibe subvención del Ministerio que regenta Ángeles González-Sinde. Por todo ello, tienen muchos motivos por los que protestar y defender sus derechos.

Más información: La lista de Sinde

El presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), Eduardo Bautista, recibirá 24.511,49 euros al mes en concepto de pensión vitalicia en el momento en que decida jubilarse, circunstancia que “puede producirse en cualquier momento” (aunque el interado haya negado tales intenciones), asegurándose más del 90 por ciento de su sueldo actual, al margen de los ingresos que percibirá por sus derechos de autor.

Según un informe de la consultora Watson Wyatt, y que ha publicado el diario “La Razón” en exclusiva, este es el acuerdo de jubilación que Bautista ha cerrado con la entidad gestora de los derechos de autor.

En la actualidad, Bautista (que cumplirá 67 años el próximo 25 de mayo) cobra 323.773 euros anuales y, según se ha conocido, tiene derecho a cobrar una pensión mensual que se determina como el 60 por ciento del salario mensual a la fecha de jubilación más una cuantía fija de 5.126,41 euros.

Desde luego, la revelación de este dato llega en un momento crítico para la sociedad gestora, que pasa por dificultades económicas, tras arrojar un saldo negativo (de 1,35 millones de euros) en las cuentas de 2008, pro primera vez en veinte años. Esta fue, entre otras, la razón utilizada para reajustar la plantilla de sus empleados en los últimos meses y que ha generado las protestas de los trabajadores ante el Ministerio de Cultura. Además, no hay que olvidar el tirón de orejas de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) al señalar a las entidades de gestión como “monopolistas” o el cobro (indiscriminado) del canon digital, o las cuotas que percibe de bares, peluquerías, residencias de ancianos por poner música en sus instalaciones, o el cobro por representar obras cuyos autores llevan muertos varios siglos, entre otras muchas de sus acciones para recaudar dinero… para su jubilación de oro.

Vamos, que allá donde va, va haciendo nuevos “amigos”. Los últimos en incorporarse a la lista son los internautas. Más, si cabe, tras postularse como uno de los instigadores para que se aprobara el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES), que recoge en su diposición final el cierre de páginas web en cuatro días sin orden judicial.

Por ello, no es de extrañar, que la imagen pública de Teddy Bautista haya caído en picado y no se le vea en ningún acto público. Ni le hace falta, ni le debe importar mucho… ¡Para lo que le queda en el convento!

El próximo 4 de marzo ha sido la fecha elegida por el Tribunal de Luxemburgo para celebrar la vista oral del juicio que puede declarar ilegal la implantación del canon digital en España.

La Audiencia Provincial de Barcelona planteó a este tribunal internacional una cuestión prejudicial para aclarar si la aplicación del canon era acorde a la normativa comunitaria, puesto que entiende que el Gobierno español vulnera la legislación vigente, al dejar pendientes todos los juicios por el cobro del canon digital.

Es más, la Audiencia considera que imponer esta tasa a todos los artículos electrónicos no es legal, porque no se hace una distinción previa que defina si van a ser utilizados o no para realizar copias. Además, se muestra partidaria de que las empresas, entidades públicas y despachos profesionales no paguen el canon.

Lo que está claro es que si se declara ilegal el cobro del canon por parte de la SGAE, habría que pedir responsabilidades al Ejecutivo Zapatero, que fue quien permitió que se pusiera este mecanismo que prejuzga a todos como unos criminales, además de reclamar la devolución de las “tasas” o “tarifas” a la organización de Teddy Bautista.

Por otro lado, se ha conocido recientemente que el Ministerio de Cultura se ha parapetado en la legislación para negar el acceso a un ciudadano a información de interés público sobre el canon digital.

Al parecer, esta persona quiso conocer en qué se empleaba el dinero que la SGAE recibe del canon digital, puesto que el veinte por ciento de esa cantidad debe ser invertida en actividades dirigidas a la comunidad de artistas, con independencia de si pertenecen o no a estas entidades pro derechos de autor.

Es más, las entidades de gestión deben informar cada año al Ministerio sobre las actividades y servicios prestados, las cantidades dedicadas a los mismos y los beneficiarios.

Sin embargo, la respuesta de Cultura a esta petición ha sido clara: negar las memorias del año 2006 de la SGAE y VEGAP. El pretexto: “No forman parte de un expediente administrativo”. Y se agarran, como a un clavo ardiendo, en la actual legislación sobre el derecho de acceso a la información.

Raro, raro, raro. ¿Tendrán algo que esconder? En cualquier caso, habrá que estar atento a la sentencia del próximo 4 de marzo.

Increíble, pero cierto. La moción de censura que el Partido Popular (PP) presentó en el Congreso para reformar la Disposición Final Primera del proyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES), con el objetivo de que sólamente los jueces puedan cerrar páginas web, ha salido adelante, incluso con el voto a favor del PSOE.

De todos modos, habrá que esperar al nuevo borrador para comprobar si, efectivamente, desaparece la facultad del Ministerio de Cultura para proponer el cierre de páginas webs por violar la propiedad intelectual.

De hecho, parece que las cosas empiezan a cambiar tras la revolución de los internautas, en la Red y en la calle, contra la persecución a las descargas y en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, frente al interés económico de unos pocos.

Horas bajas, por tanto, para la SGAE y la industria del ocio, pues sus planes se vienen abajo. Además, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha pedido que se reforme la gestión de los derechos de autor al considerar que la SGAE y el resto de entidades incurren en el monopolio dentro de esta actividad económica.

Por su parte, la plataforma RedSOStenible ha asegurado que la aprobación de la moción en el Congreso es un primer movimiento en la dirección correcta, por lo que entiende que el Parlamento está obligado a exigir la retirada de la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible.

Asimismo, han manifestado que gracias a este paso se podría lograr la protección efectiva de los intereses de los derechos de autor (que raras veces están en manos de los autores y casi siempre en las de las empresas), sin afectar a otros derechos fundamentales y con el amparo jurídico a los ciudadanos. Según RedSOStenible, sólo habría que modificar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (34/2002).

Los internautas empiezan a ganar la batalla.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, no pasa por un buen momento de popularidad. El anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, que incluye la posibilidad de cierre de páginas webs, ha dejado a la titular de Cultura en el punto de mira de las críticas y de los internautas, como revela el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La polémica ley antidescargas, la conocida como “Ley Sinde”, ha convertido a la ministra de Cultura en el farolillo negro del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Según los datos del último barómetro del CIS, Ángeles González-Sinde es el miembro del gobierno que recibe peor nota por parte de los españoles.

La cineasta suspende con un 3,16, la nota más baja de todas, y sólo es valorada por el 28,5% de la población. Y es que, a pesar del ruído de la ley antipirateríay lo mucho que se ha escrito en los últimos meses, el 55,3% de los españoles no sabe quien es.

Ya en la anterior consulta, la del pasado mes de octubre, González-Sinde no gozaba de gran popularidad y su calificación (3,46) ocupaba la penúltima posición sólo superada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Sin duda, una noticia que a los internautas no pilla por sorpresa y es que, desde su nombramiento el pasado mes de abril, la ministra ha seguido una línea muy férrea en contra de las descargas en la Red, lo que ha supuesto que su polémica y accidentada gestión la relegue al último puesto del equipo gubernamental.

Más información:

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González Sinde, la ministra peor valorada

Tanto la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), como la Asociación de Internautas (AI) se reunirán el próximo jueves, día 4 de febrero, con la comisión permanente del Consejo Asesor del Gobierno en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (CATSI), órgano dependiente del Ministerio de Industria.

En la reunión, que tendrá lugar en la Secretaría de Estado de Telecomunicación y Sociedad de la Información (SETSI), ambas asociaciones pedirán que se elimine la disposición adicional primera de la Ley de Economía Sostenible (LES), la eliminación del canon digital y una mayor concreción en el servicio universal para el acceso a Internet con banda ancha. ¡Por pedir, que no quede!

Desde la aprobación de la LES, que permitirá cerrar páginas web en cuatro días (a petición de una comisión de Industria y sin la necesidad de un permiso judicial) cuando se infrinja la ley de propiedad intelectual, los internautas se han movilizado en la Red para protestar contra lo que les parece injusto y, sobre todo, un negocio de unos pocos. A raíz de este giro radical, promovido desde Presidencia (aunque lleva por lazarillo al Ministerio de Cultura), las asociaciones de internautas solicitaron esta reunión el pasado 16 de enero.

Asimismo, la plataforma Red Sostenible, que agrupa a los diferentes organizaciones en Internet, ha comenzado una campaña para concienciar a los políticos y a la sociedad de lo perjudicial de esta medida, puesto que “genera inseguridad jurídica, frena la creación de empleo y dificulta el cambio de modelo productivo que se quiere impulsar con la LES”.

Estas asociaciones temen que la LES sea utilizada para anular los derechos fundamentales de los ciudadanos y favorecer a una serie de industrias y entidades de gestión de derechos de autor que “actúan en régimen de monopolio”, en clara alusión a la SGAE.

¡Suerte, y a por el toro, compañeros!

Una de las peores noticias del año para los usuarios de Internet es que al gobierno se le ocurriese incorporar en la Ley de Economía Sostenible, la adenda de la normativa antidescargas, verdadero empeño de la Ministra de Cultura, Angeles González Sinde, (alias, Sindescargas) desde que accedió al cargo. Ley que ha concitado todas las muestras de contrariedad posible entre todos los colectivos de internautas y que responde a la presión de los intereses de los vendedores de copias, explotadores de los cánones y recogedores de subvenciones.

Y tal y como se ha demostrado, todas las ideas que se han venido produciendo al respecto han sido con cargo a los a los usuarios de la tecnología, Internet y las comunicaciones (bien porque pagamos más cánones o porque se les introduce en un proceso de restricción de sus libertades). A esto hay que añadir el ejercicio constante de propaganda o la organización de una conferencia europea sobre propiedad intelectual, etc… por parte del gobierno.

De hecho, parece ser que era un objetivo que durante la presidencia europea de turno de nuestro país hubiese un modelo “made in Spain” contra las descargas. Y ahí está el adefesio de la Ley de Economía Sostenible y su adenda contra los internautas.

Porque lo que está claro es que la “economía sostenible” tendría que estar pensada con enfoques del siglo XXI y no del siglo XIX, es decir, para impulsar la sociedad de la información, el talento, etc… y no lo que es la “economía sostenida” y la sopa boba. Se trata, por tanto, de no buscar nuevas formas, de colocar cánones, de que los internautas paguen la televisión pública o subvencionar negocios caducos que siempre han querido estar al pairo de las subvenciones y de las regalías.

Así, por ejemplo, los creadores, en todas estas negociaciones, están representados por los señoritos (la “Colisión”, decimos, la Coalición) y todo su empeño es un presunto (y falso) problema, el de las descargas. Todo, probablemente, con uno de los sectores más caducos de Europa en soportes, contenidos y modelo de negocio. Hasta parece que a los internautas se nos toma como bufones de la corte.

Hay que aplaudir todas las iniciativas que se han movilizado para acabar con lo que los expertos ya califican despropósito jurídico. Desde RedSOStenible, la movilización de las distintas asociaciones de internautas, el apoyo de ex dirigentes políticos como Rodríguez Ibarra, los blogueros y en general, todo Internet.

Para muestra, un botón, un artículo de Enrique Dans, que es muy esclarecedor sobre el desastre de esta Ley: Cómo hacer la economía sostenible

Desde su polémico nombramiento, el pasado mes de abril, no han cesado las críticas a la labor que Ángeles González-Sinde iba a desempeñar al frente del Ministerio de Cultura. Los internautas fueron los primeros en poner el grito en el cielo, ante semejante provocación. No era de recibo que una persona afín al mundo cinematográfico y enemiga declarada de las descargas en Internet fuera elevada a los altares de la política cultural del país.

Ocho meses de gestión han sido suficientes para ver por dónde van los tiros. La línea de actuación de la ministra ha intentado seguir la senda de la discrección y alejarse de la polémica. Sin embargo, la polémica le ha acompañado desde que recibiera la cartera de Cultura de manos de su predecesor, César Antonio Molina.

Tras la marea generada en la Red en contra de su nombramiento, llegaron los hechos consumados de su gestión. Favoritismos al mundo del cine y guiños constantes a sus colegas los artistas. Por si esto fuera poco, su posición en contra de las descargas en Internet ha sido clara desde el principio, a pesar de su política de mano tendida y diálogo.

La gota que ha colmado el vaso, se ha servido en forma de enmienda sobre el cierre de las webs de enlaces incluida, a última hora, en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Una decisión que venía directamente de Presidencia y en la que la ministra no tuvo ni voz, ni voto.

No obstante, y tras aguantar el chaparrón mediático e internauta tras filtrarse el anteproyecto a la prensa, González-Sinde tuvo que hacer de tripas corazón y soportar la desautorización pública del propio jefe del Ejecutivo que afirmaba que “no se iba a cerrar ninguna página web”.

Y muy significativa ha sido la ausencia de González-Sinde durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que publicó el texto de la tan maniqueada Ley de Economía Sostenible. Junto a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, estaba el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, mientras los periodistas esperaban la comparecencia de la ministra para atacar sobre la polémica de las descargas en Internet y el cierre de webs.

Sin embargo, González-Sinde quedó relegada a comparecer en una reducida y solitaria rueda de prensa en su ministerio en la que afirmó que “el Gobierno ha aprobado una propuesta que nos parece muy equilibrada”, como si se tratara de una decisión ajena a ella.

Sin comerlo, ni beberlo, la ministra ha sentido eso que llaman como “soledad del poder” y, por eso, desde hace algo más de un mes, González Sinde no se siente muy cómoda con el papel que le ha tocado interpretar sobre el ruedo político.

Sin ataduras al partido y sin apoyos en el Gobierno, la guionista parece que piensa en retomar su antigua profesión, por lo que su dimisión estaría al caer.

El acto de presentación de RedSOStenible.net, una campaña-manifiesto que pretende echar para atrás la polémica disposición de la Ley de Economía Sostenible para cerrar las webs que vulneren los derechos de autor, reunió a los diferentes colectivos de Internet y a una multitud de periodistas en el Ateneo de Madrid. Se colgó el cartel de “no hay billetes”.

Red SOStenible se ha gestado con el consenso de más de 70 voces en Internet y con el objetivo de unificar esfuerzos y elaborar una estrategia de oposición al procedimiento mixto administrativo-judicial aprobado en el último Consejo de Ministros y que permitirá el cierre de webs de descargas.

Asimismo, esta campaña convocará acciones dentro y fuera de la Red durante la presidencia española de turno de la Unión Europea, para convencer a la ciudadanía de que esta propuesta es “insostenible” y, de paso, sacar los colores al Gobierno. Incluso algunos de los promotores llaman a la “desobediencia civil masiva”.

Fernando Berlín, director de Radiocable.com aseguró que “ésta no es una ley contra las violaciones de la propiedad intelectual, es una ley contra los derechos civiles”, al tiempo que afirmó que “es el momento de hacer leyes que la fomenten”.

Por su parte, Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, calificó lo establecido por la Ley de Economía Sostenible como “la gota que colma el vaso” tras las reivindicaciones de los internautas frente al canon y otras problemáticas de la red. Según Domingo, el objetivo es tumbar la propuesta porque “viola derechos constitucionales, entre otras muchas cosas” y aseveró que “no podemos permitir que nos impongan una comisión antipiratería por encima del poder judicial”.

El blogger José Cervera destacó la conveniencia de defender los derechos de autor, pero “no violando los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”, mientras que Julio Alonso, fundador de Weblogs, consideró “tiene que ser un juez el que decida si se vulnera o no la propiedad intelectual”.

Para el abogado Javier de la Cueva “es aberrante que una comisión de Cultura decida qué es legal o ilegal en Internet. La Administración nunca puede decidir sobre los conflictos entre particulares. Éstos los resuelve la Justicia, que para esto está”.

Ricardo Gallí, creador de Menéame, fue más tajante. “Modificar tantas leyes, incluso una orgánica, para perseguir 100 ó 200 webs es ridículo. O nos están mintiendo o la ministra es idiota”, en referencia a Ángeles González-Sinde.

Hasta ahora, los titulares de derechos de autor trataban de conseguir el cierre de estas páginas web en los tribunales, pero los jueces lo denegaba porque un simple enlace no reproduce, ni distribuye, ni transforma ni comunica públicamente una obra, los cuatro derechos de explotación reservados al autor en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

Por último se informó de la adquisición del dominio www.sindeces.com, en el que pronto comenzará a haber contenido sobre sus reivindicaciones.

Una alternativa para defender la propiedad intelectual sin alterar la libertad de la Red

Ante esta reacción contestataria de los internautas, el ex presidente del Gobierno Felipe González pidió “una alternativa” para defender la propiedad intelectual sin alterar la libertad de acceso y movimientos dentro de la Red.

En lugar de un debate “áspero” sobre el tema, González abogó por recordar que los derechos de uno siempre tienen como límite los derechos de los demás, y ante la evidencia de que en este ámbito “no se ha encontrado la solución”, reflexionar sobre “cómo compensar, cómo pagar” la propiedad de los creadores para que sigan creando.

Los trabajadores de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), representados por su Comité de Empresa, han solicitado a las puertas del Ministerio de Cultura la intervención, mediante auditorias externas e independientes, en la Institución que dirige Teddy Bautista “ante la alarmante situación que ésta vive”.

Según el documento, escrito y presentado por el Comité de Empresa y apoyado por los trabajadores, el motivo de esta solicitud es la preocupación ante “un deterioro institucional que puede conducir a la desaparición de la SGAE después de ciento diez años de existencia y la consiguiente pérdida de nuestros puestos de trabajo”.

Los trabajadores señalan directamente al culpable de su situación. “El actual Presidente del Consejo de Dirección D. Eduardo Bautista, con el visto bueno del Consejo, se ha empeñado en hipotecar las futuras recaudaciones de la SGAE, que pertenecen a sus socios, en unos proyectos desproporcionados para los recursos de la Entidad”.

Los proyectos a los que se se refieren son de índole inmobiliaria. La SGAE pretende financiar “la construcción y rehabilitación de edificios tanto en el extranjero (por un valor de 70 millones de dólares) como varios megaproyectos en España (300 millones de euros)”. A todo esto habría que sumar “unos compromisos de mantenimiento inasumibles”.

Además, los trabajadores también denuncian la creación, por parte de Bautista, “de empresas con ánimo de lucro que resultan deficitarias, a las que la empresa matriz SGAE inyecta ingentes cantidades de dinero para sus sostenimiento”.

Como consecuencia de todo ello, ya está en marcha “un plan que supone la destrucción del 20 al 25% de los puestos de trabajo en una primera fase, y todo esto con cargo a los fondos públicos”.

Desde la SGAE aseguran que se “ha propuesto un Plan de Empleo consistente en una serie de medidas alternativas que eviten la extinción de la relación laboral, no habiendo planteado en ningún momento la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)”. Además, recuerdan que Teddy Bautista “ha sido ratificado en la Junta Directiva del pasado 27 de octubre para concluir la modernización de la entidad”.

¡Calentito está el patio para este comienzo de año!

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía.
Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta).

El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales”, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Red SOStenible

La Red Sostenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguealo, difúndelo.

El último Consejo de Ministros aprobó el texto del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), aunque no fue hasta ayer cuando se hizo público el documento íntegro en el que se incluyen las modificaciones legales para permitir el bloqueo de sitios web que faciliten la descarga no autorizada de contenidos protegidos. El texto fue colgado en la web del Ministerio de Economía y Hacienda.

Mediante un requerimiento ante el Ministerio de Cultura (ejecutado por la futura sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) se iniciará un procedimiento administrativo inicial, aunque si las conductas denunciadas persisten, se procederá a una actuación judicial que podría decretar el cierre cautelar de un sitio web en cuatro días y que sería llevado a cabo por un juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Por su parte, el juez tendrá que escuchar a un representante de la página denunciada, a los dueños de los derechos de autor, a un representante de la Administración y a un fiscal, antes de decidir la suerte que debe correr la página denunciada.

El texto del anteproyecto fue modificado a última hora, tras las protestas de los internautas, para introducir un “procedimiento más judicializado”, según afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Entre los cambios también se ha recogido que las interrupciones de servicio se realizarán contra páginas web “con ánimo de lucro” y que causen “daño patrimonial”. Aún así, el anteproyecto deja abierta la puerta a más acciones civiles, penales y contencioso-administrativas por parte de los dueños de los derechos.

Sin embargo, estos cambios no satisfacen a los internautas, por lo que los expertos en la Red están diseñando un plan de acción con medidas concretas para mostrar su desacuerdo con las medidas previstas en el anteproyecto de Ley, que ahora será enviado a los órganos consultivos del Estado y al Parlamento, para su tramitación y discusión.

Documento íntegro de la Ley de Economía Sostenible (ver páginas de la 95 a la 99)